martes, 6 de mayo de 2014

DURA LEX

Ayer, a media noche, en España, se apagó una tercera parte de la oferta privada de televisión; un apagón sin precedentes, probablemente el más grande de la historia.

Nueve de los 24 canales nacionales de TDT han desaparecido de nuestra pantalla por una orden del Gobierno que, por boca de su ministro de Industria, “solamente se ha limitado a aplicar una sentencia del Tribunal Supremo del 2012”.

Nadie explica que la sentencia condena precisamente al Gobierno y reconoce que las empresas cumplieron todas y cada una de sus obligaciones en la transición de analógico al digital, tanto que admite su derecho a pedir una indemnización al Estado.

El Tribunal Supremo ha constatado que la concesión del 16 julio del 2010 a cada operador de un multiplex digital, con posibilidad de emitir cuatro programas TDT en lugar de solo uno analógico, es posterior en 10 semanas a la aprobación de la Ley General de Comunicación Audiovisual, que exige un concurso público para cualquier nuevo canal de televisión. Una desatención del departamento legislativo del gobierno de entonces, que una simple disposición transitoria hubiera saneado, como el propio Tribunal reconoce, si se lee su sentencia.

Por esta razón, y no por otras, el Tribunal estimó en esta ocasión el recurso presentado y no uno análogo, que el mismo recurrente interpuso hace unos años, antes de la aprobación de la LGCA, y que fue entonces rechazado por la misma sala.

Esta, en definitiva, es la causa del cierre de nueve canales.

Insignes juristas han criticado el “excesivo” formalismo aplicado por la sala tercera del Tribunal Supremo; valga por todos el artículo publicado por D. Tomas de la Quadra-Salcedo, ya ministro de Justicia y Presidente del Consejo de Estado.

Y por tratarse propiamente de un “vicio formal”, Uteca, la asociación de las TV comerciales, propuso al Ministerio de Industria la aprobación de un Real Decreto Ley retroactivo para subsanar la situación, como el mismo ministerio había hecho en al menos otra ocasión, en el sector de la energía.

Pero para la televisión privada no ha sido así.

En la polémica de estos días, muchos han invocado el “Dura lex, sed lex”, lema del derecho romano que define el principio de seguridad jurídica: si hay una ley, por dura que sea, se aplica igual para todos.

Son los que definen un “regalo” del Gobierno de ZP a “sus amigos” al haber concedido a las empresas nada menos que el espectro que ya tenían (ni un solo mega hertzio más), o imputándole la concesión de “nuevas” licencias (eran seis y siguen siendo seis).

No hubo concesión ni de más espectro, ni de más licencias; ni hubo trato preferente para uno u otro de los operadores.

¿De qué hubiera tenido que tratar el concurso que se invoca?

¿Se consideraban pocos seis operadores privados y dos públicos, prácticamente el doble de cualquier otro país de la UE?

¿Por qué sancionar el esfuerzo económico, financiero y empresarial de las empresas que, multiplicando su oferta de canales (casi todos gratuitos) han permitido una transición modélica al digital?

¿Por qué castigar la colaboración del sector televisivo privado que, con la multiplicación de su oferta de canales, asumía un incremento de gastos, sin ninguna correspondiente subida de ingresos publicitarios?

Y sobre todo: ¿por qué exigir al sector un esfuerzo a cambio de una contrapartida y, 8 años después, revocarla porque el propio Estado ha cometido un error formal?

Más que de “Dura lex, sed lex” tendríamos que hablar de “Dura lex, sed lax”: una ley dura, pero falaz!

Hoy ya se ha cumplido la sentencia y vuelve la política. Y el Gobierno no puede seguir escudándose en el Tribunal Supremo.

Ahora el gobierno tiene que gobernar, y decirnos como quiere evitar que otro recurso, el tercero interpuesto por el mismo recurrente, que amenaza a la supervivencia de otro ocho canales, pueda generar otra sentencia similar, que puede llevarnos a un retroceso de 25 años en el panorama televisivo español, pasando de 24 a solamente 7 canales de TDT, sin intervención de la política, solamente por vía judicial.


Todos, ciudadanos, empresas, fuerzas políticas, sociedad civil, tenemos derecho a conocer cuál es el proyecto de futuro que este Gobierno quiera para la televisión privada, el motor del sector audiovisual y de las TIC

2 comentarios:

  1. Hay que leer lo que pone el decreto de concesion, no teneis derecho a mas de un programa, no confundir con un canal, de hecho emitiais por distintos canales segun la zona.. Cuando la tecnologia permita meter 20 programaciones por la misma portadora tambien querreis los 19 restantes, pues NO, el aprovechamiento del espectro es del Estado, osea de todos. Y ese nuevo dividendo, no os preocupeis, se os volvera a dar.

    Salud

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  2. Debes leer completo el RD 944/2005.

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