Ayer, a
media noche, en España, se apagó una tercera parte de la oferta privada de
televisión; un apagón sin precedentes, probablemente el más grande de la
historia.
Nueve de
los 24 canales nacionales de TDT han desaparecido de nuestra pantalla por una
orden del Gobierno que, por boca de su ministro de Industria, “solamente se ha limitado
a aplicar una sentencia del Tribunal Supremo del 2012”.
Nadie
explica que la sentencia condena precisamente al Gobierno y reconoce que las
empresas cumplieron todas y cada una de sus obligaciones en la transición de
analógico al digital, tanto que admite su derecho a pedir una indemnización al
Estado.
El Tribunal
Supremo ha constatado que la concesión del 16 julio del 2010 a cada operador de
un multiplex digital, con posibilidad de emitir cuatro programas TDT en lugar
de solo uno analógico, es posterior en 10 semanas a la aprobación de la Ley
General de Comunicación Audiovisual, que exige un concurso público para
cualquier nuevo canal de televisión. Una desatención del departamento
legislativo del gobierno de entonces, que una simple disposición transitoria
hubiera saneado, como el propio Tribunal reconoce, si se lee su sentencia.
Por esta
razón, y no por otras, el Tribunal estimó en esta ocasión el recurso presentado
y no uno análogo, que el mismo recurrente interpuso hace unos años, antes de la
aprobación de la LGCA, y que fue entonces rechazado por la misma sala.
Esta, en
definitiva, es la causa del cierre de nueve canales.
Insignes
juristas han criticado el “excesivo” formalismo aplicado por la sala tercera
del Tribunal Supremo; valga por todos el artículo publicado por D. Tomas de la Quadra-Salcedo, ya ministro de Justicia y Presidente del Consejo de Estado.
Y por
tratarse propiamente de un “vicio formal”, Uteca, la asociación de las TV
comerciales, propuso al Ministerio de Industria la aprobación de un Real
Decreto Ley retroactivo para subsanar la situación, como el mismo ministerio
había hecho en al menos otra ocasión, en el sector de la energía.
Pero para
la televisión privada no ha sido así.
En la
polémica de estos días, muchos han invocado el “Dura lex, sed lex”, lema del
derecho romano que define el principio de seguridad jurídica: si hay una ley,
por dura que sea, se aplica igual para todos.
Son los que
definen un “regalo” del Gobierno de ZP a “sus amigos” al haber concedido a las
empresas nada menos que el espectro que ya tenían (ni un solo mega hertzio más),
o imputándole la concesión de “nuevas” licencias (eran seis y siguen siendo
seis).
No hubo concesión
ni de más espectro, ni de más licencias; ni hubo trato preferente para uno u
otro de los operadores.
¿De qué
hubiera tenido que tratar el concurso que se invoca?
¿Se
consideraban pocos seis operadores privados y dos públicos, prácticamente el
doble de cualquier otro país de la UE?
¿Por qué
sancionar el esfuerzo económico, financiero y empresarial de las empresas que,
multiplicando su oferta de canales (casi todos gratuitos) han permitido una
transición modélica al digital?
¿Por qué
castigar la colaboración del sector televisivo privado que, con la
multiplicación de su oferta de canales, asumía un incremento de gastos, sin
ninguna correspondiente subida de ingresos publicitarios?
Y sobre
todo: ¿por qué exigir al sector un esfuerzo a cambio de una contrapartida y, 8
años después, revocarla porque el propio Estado ha cometido un error formal?
Más que de
“Dura lex, sed lex” tendríamos que hablar de “Dura lex, sed lax”: una ley dura,
pero falaz!
Hoy ya se
ha cumplido la sentencia y vuelve la política. Y el Gobierno no puede seguir
escudándose en el Tribunal Supremo.
Ahora el
gobierno tiene que gobernar, y decirnos como quiere evitar que otro recurso, el
tercero interpuesto por el mismo recurrente, que amenaza a la supervivencia de
otro ocho canales, pueda generar otra sentencia similar, que puede llevarnos a
un retroceso de 25 años en el panorama televisivo español, pasando de 24 a
solamente 7 canales de TDT, sin intervención de la política, solamente por vía
judicial.
Todos,
ciudadanos, empresas, fuerzas políticas, sociedad civil, tenemos derecho a
conocer cuál es el proyecto de futuro que este Gobierno quiera para la
televisión privada, el motor del sector audiovisual y de las TIC
Hay que leer lo que pone el decreto de concesion, no teneis derecho a mas de un programa, no confundir con un canal, de hecho emitiais por distintos canales segun la zona.. Cuando la tecnologia permita meter 20 programaciones por la misma portadora tambien querreis los 19 restantes, pues NO, el aprovechamiento del espectro es del Estado, osea de todos. Y ese nuevo dividendo, no os preocupeis, se os volvera a dar.
ResponderEliminarSalud
Debes leer completo el RD 944/2005.
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